Gobierno canario emplaza a los municipios a regular la venta ambulante.

 

El Gobierno de Canarias ha emplazado este miércoles a los municipios a asumir su responsabilidad en la regulación de la venta ambulante.

El consejero de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Jorge Rodríguez, y el director general de Comercio, Arturo Cabrera, se reunieron con los representantes de la Asociación de pequeños empresarios del comercio en mercadillos 'La Unión', con el fin de ayudar a los vendedores a comprender la normativa y ofrecerse a mediar con los ayuntamientos, para minimizar el impacto en el sector de la directiva para la liberalización de los servicios.

Los comerciantes expresaron a los responsables políticos su temor a que el cambio de normativa, que prohíbe la concesión de licencias por tiempo indefinido y establece el sistema de concurso público para la adjudicación de los puestos, pueda expulsar del sector a empresarios que han vivido toda su vida de los mercadillos municipales, informa el Ejecutivo regional en un comunicado.

Esta situación se vería agravada, además, por el hecho de que cada vendedor necesita licencias en varios municipios y mercadillos para hacer rentable su actividad, puesto que tener una sola, en una actividad que se realiza una vez por semana, no sería suficiente para mantener el negocio.

Se ofrece a mediar.

Consciente de esta realidad, el Gobierno de Canarias se ha ofrecido a "mediar entre los vendedores y los municipios, para que todos estén perfectamente informados de lo que dice la normativa y que los diferentes ayuntamientos aprueben una sola ordenanza, que dé estabilidad y seguridad al sector".

La administración resalta que ésta es la posición que el Gobierno de Canarias adoptó desde el inicio de las protestas de los vendedores ambulantes y que siempre ha defendido, aunque no siempre ha tenido la oportunidad de exponerla ante la desinformación que se ha generado en torno a este conflicto.

El Gobierno regional recuerda que la directiva europea entró en vigor en diciembre de 2006, con un plazo de 3 años para su transposición a la legislación española. Una vez finalizada dicha transposición, la propia Federación Española de Municipios y Provincias ha instado a los ayuntamientos de todo el Estado a que redacten sus ordenanzas y las adapten a la nueva norma en un plazo de 2 años, es decir, antes del fin de 2011. Es más, la FEMP ha redactado una ordenanza tipo para que sirva de modelo a todos los municipios.

Igualmente, resalta que el Ejecutivo autonómico "jamás" ha tenido competencias para regular la venta ambulante. De hecho, la propia normativa estatal otorga dichas competencias a los ayuntamientos, que son los que siempre han regulado la actividad y cobrado tasas e impuestos a los vendedores.

"Es una realidad que el Estado ha seguido manteniendo en sus leyes, en la transposición de la Directiva europea de liberalización de los servicios (directiva Bolkenstein)", añade.

Asimismo, el Gobierno de Canarias desconoce los motivos de la Comunidad de Madrid para haber querido regular la actividad. Lo que sí le consta es que el Estado ha recurrido la ley madrileña, porque la concesión de licencias a 15 años, renovables por otros 15, supone de facto la concesión de licencias indefinidas, justo lo que prohíbe expresamente la normativa europea.

Resalta que la legislación actual obliga a las Comunidades Autónomas a pagar con sus recursos las posibles multas que imponga Bruselas, por contravenir la normativa comunitaria.

Según el Ejecutivo canario, la norma no entra a determinar los criterios para adjudicar cada uno de los puestos, por lo que los municipios tienen la posibilidad de considerar la antigüedad como uno de los criterios para tener preferencia en la adjudicación.

De hecho, en la ordenanza tipo elaborada por la Federación Española de Municipios y Provincias la experiencia y profesionalidad en el sector son los principales criterios para obtener un puesto en los mercadillos.

Competencia municipal.

Ante todas estas "interpretaciones erróneas de la norma", el consejero quiso dejar "muy claro a los comerciantes que la regulación de la venta ambulante es competencia municipal y que el Gobierno autonómico sólo podría establecer un marco temporal máximo y mínimo para la adjudicación de licencias".

"En todo caso, ese marco general nunca podría ser impuesto a los municipios, que tienen incluso la potestad para prohibir la venta ambulante", apuntó.

Así, el Gobierno de Canarias, consciente de que la actividad de los vendedores ambulantes tiene relevancia, "no sólo económica, sino también turística e incluso etnográfica, vuelve a ofrecerse para mediar entre los empresarios y los ayuntamientos, asesorarles y lograr que todos los municipios acepten una normativa similar, que dé estabilidad a quienes están luchando para que las islas mantengan la tradición de los mercadillos".

Publicado en: 20 minutos