España - La Fiscalía Europea y la UCO investigan al Ministerio de Igualdad.

La Fiscalía Europea y la UCO de la Guardia Civil, investigan al Ministerio de Igualdad por un presunto fraude.

Agentes de la UCO / Ministerio de Igualdad (Fotos: PLC Blog).

Al parecer, el fraude detectado es sobre los fondos comunitarios para las pulseras “antimaltrato”. ​

La Fiscalía Europea (EPPO), en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha abierto una investigación contra el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas por un presunto fraude en la gestión de los fondos públicos comunitarios para la compra de las conocidas como pulseras “antimaltrato”.

Según las información recabada por PLC Blog, indican que la UCO se ha dirigido de manera coordinada con la Fiscalía de la UE, tanto a Igualdad como al Tribunal de Cuentas para recopilar documentación relativa a los expedientes públicos de adquisición y renovación de los dispositivos destinados a la protección de víctimas de violencia de género.

Hace unos meses, fallaron.

Los investigadores analizan la incidencia que dejó desvalidas a un importante número de mujeres españolas, con órdenes de alejamiento vigentes para sus maltratadores sobre los que se perdió la geolocalización y, en consecuencia, la posibilidad de alertar a las autoridades, en caso de incumplimiento.

Así las cosas, esta nueva causa abierta por la Fiscalía Europea el pasado año y que, hasta la fecha, no había trascendido, se ha adoptado en el marco de la instrucción de un presunto delito de fraude que afectaría a los intereses económicos de la UE, en la compra de las pulseras telemáticas concebidas para asegurar tanto el cumplimiento de medias cautelares, como las condenas dictadas en materia de violencia machista.

Las pesquisas cuentan, desde el primer momento, con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Dispositivo de seguimiento investigado por la EPPO (Foto: EPPO).

Actuaciones de la EPPO en España.

Cabe recordar cómo, hace unos días, la Fiscalía Europea (EPPO), ponía en marcha una segunda actuación en lo relativo a la utilización y trazabilidad del dinero público enviado al Gobierno de España y destinado, en aquella ocasión, a los trabajos de mejora en las infraestructuras y la seguridad, en la línea de Alta Velocidad (AVE) Madrid-Sevilla, donde se produjeron los dos fatídicos siniestros de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).

La Fiscalía española, fue la que alertó.

Era la propia Fiscalía General del Estado (FGE) española la que reveló, en su Memoria Anual 2025 que las polémicas pulseras “antimaltrato” del Ministerio de Igualdad seguían fallando, pese a las advertencias y las quejas de las víctimas.

En concreto, en dicho documento, de septiembre del pasado año, se hablaba de…

“Problemas e incidencias que generan siendo un denominador común en las apreciaciones de algunos delegados los problemas de ruralidad y proximidad”.

Muchas fiscalías, entre ellas la de Madrid, Gerona, Granada o Tenerife, con informes y datos que fueron facilitados a la Unidad para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas, pusieron en aviso al Ministerio Público lo que provocó el compromiso de cambio de proveedor, desde Igualdad que, pese a ello, y varias maniobras en los pliegos de licitación de los contratos de prestación del servicio, confirmaron a Vodafone, tras los dispositivos que ya, inicialmente, daban error.

Fuente: Policía Local de Canarias Blog.