Un perito del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Arona ha dictaminado que el Ayuntamiento de Santiago del Teide "incumplió las medidas para velar por la seguridad de las personas en la Playa de Los Guíos" antes de que se produjera el fallecimiento de dos mujeres en noviembre de 2009 a causa de un alud.
Según el informe pericial, que se registró el pasado marzo, el Consistorio, después de un derrumbe en octubre de ese año, no dispuso por escrito a la Policía Local la vigilancia permanente de la zona, que es "el único personal autorizado para el desalojo".
Además, en caso de no contar con los agentes suficientes, "debió decretar el cierre de la playa hasta que se solucionara el problema".
Al incumplimiento, según el perito, hay que sumar que las actividades técnicas desarrolladas en el área fueron realizadas por "personal sin cualificación ni con conocimientos mínimos suficientes".
El Ayuntamiento de Santiago del Teide construyó un muro de contención sin tener en cuenta el procedimiento que el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Demarcación de Costas, tiene para autorizar la ejecución de las obras. Para legalizar la pared, el Estado solicitó que presentara el proyecto.
Según indica el informe, nunca llegó a autorizarse porque el Consistorio "no aportó la documentación requerida". Ante la infracción, la Demarcación de Costas puso en marcha una sanción al Ayuntamiento por la ejecución ilegal del muro de contención.
Santiago del Teide redactó en mayo de 2009 el denominado proyecto de guintado para proteger la Playa de los Guíos, una obra encargada a un arquitecto técnico municipal. Sin embargo, "es evidente que el proyecto de diseño de la contención de un talud, como es el caso, no entra dentro de las competencias de un arquitecto técnico", precisa el perito.
El 2 de octubre se produjo un alud.
Al Lugar acudió la Policía Local, la cual hizo acta y fotografió la zona, además estuvieron allí los Bomberos Voluntariados de Santiago del Teide.
Son estos últimos los que emitieron un informe, que decía que "se procede a delimitar la zona afectada con cinta de balizamiento para impedir la circulación de personas dado el peligro de nuevos desprendimientos". Además, "se recomienda la inspección de la zona de forma urgente por los técnicos municipales así como dar traslado de lo ocurrido a la Demarcación Provincial de Costas".
Un técnico municipal afirmó que el terreno desprendido, "según apreciación visual, es de poca consistencia. La erosión tanto del viento como del agua convierten a la pared en inestable, por lo que se aprecian diversas grietas".
El funcionario recomendó "el inmediato desalojo de la playa, tomar las medidas necesarias para impedir el acceso a las personas, el balizamiento de esta zona afectada y acotarla con cinta y la colocación de carteles advirtiendo del peligro de desprendimientos". Además, aconsejó la realización de un estudio geológico del talud.
"Lo que es inapelable es que aparentemente el acordonamiento se hizo mediante varillas metálicas simplemente clavadas en la arena con cinta plástica amarrada delimitando un área determinada", según el informe pericial.
Debido a las características de la playa, acotar con varillas la parte intermareal de la zona "no es suficiente" y, añade que las varillas "no cumplen con el objetivo para el que fueron colocadas, es decir, resistir sin desplazamientos el batir del agua y mantener la delimitación de un área concreta".
Pese a que el técnico municipal aconsejó realizar un estudio geológico, el Ayuntamiento no contactó con una empresa hasta el día 26 de octubre a instancias de la Demarcación de Costas y con motivo del "proyecto de guintado". Del 5 de octubre, cuando el funcionario presentó el informe municipal, a cuando se solicitó el servicio de la entidad "pasaron 21 días, cinco antes del fatal desprendimiento".
El 1 de noviembre se produjo otro alud, pero esta vez, fallecieron dos personas.
Ese mismo día, "la Policía Local levanta Acta de Precinto de Los Guíos". El 2 de noviembre de 2009, el arquitecto técnico municipal escribió un informe en el que describe "de forma sucinta" el talud y considera que las medidas de seguridad tomadas con anterioridad eran adecuadas. Ante el suceso, "como medida cautelar y, sobre todo, de seguridad, se recomienda el cierre de la playa así como de la entrada de la misma". El alcalde del municipio resolvió la clausura provisional al uso público.
"Como se demostró a priori, la solución técnica más simple era el reperfilado con maquinaria adecuada del talud existente, circunstancia que por sí sola hubiera evitado el fatal accidente".
Sin embargo, en cuanto a las medidas adoptadas por el Ayuntamiento a raíz del desprendimiento de octubre, el seguimiento y cumplimiento del desalojo y balizamiento de la playa "corresponde exclusivamente" al Consistorio.
Además, tanto el técnico municipal como el arquitecto "no tienen la cualificación necesaria" para entender el comportamiento del mar y determinar cómo hay que balizar una zona marítima, concluye el perito judicial.
Publicado en: La Opinión
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