La titular de juzgado de Instrucción 4 de Torrevieja, Isabel Flor, ha citado a declarar el próximo mes y en calidad de imputados a cuatro miembros de la cúpula de la Policía Local en relación con una denuncia que investiga el espionaje que supuestamente se encargó desde la dirección del cuerpo para conocer durante 17 días la actividad de un agente de baja.
Todo ello para , supuestamente, confirmar si fingía lo que, al final, sirvió para abrir un expediente sancionador al agente que fue archivado. A esas cuatro imputaciones se suman la de otros dos mandos que ya acudieron a declarar.
Las imputaciones son al intendente, Alejandro Morer, máximo responsable de la Policía Local ahora; dos inspectores y tres oficiales, entre los que se encuentran tres hermanos del intendente.
Además, han prestado declaración como testigos el detective Salvador Martínez Cañavete, de la empresa cartagenera Abelsa, quien realizó el trabajo; y un abogado José Luis Zambudio, quien además, en este asunto, defiende a uno de los imputados.
La juez abrió diligencias al valorar la comisión de un posible delito contra la intimidad del agente, que además denunció lesiones psicológicas, prevaricación y malversación de fondos públicos ya que, afirma, sigue sin esclarecerse el origen del dinero para pagar al detective.
Costes y minuta.
La minuta costó 2.900 euros, según las diligencias y se hizo sin mediar contrato. El informe sirvió de soporte para la apertura de un expediente por parte del exalcalde, Pedro Hernández, en 2008 al agente, archivado un año después al conocerse públicamente cómo se avaló.
Según la declaración del propio investigador fue contratado por uno de los mandos, el inspector Carlos Illán, a través del abogado. El detective aportó la factura, dijo que no sabía cómo lo había cobrado y declaró que primero entregó al agente un borrador, "para que lo revisara" y luego uno definitivo.
Fue el propio mando el que facilitó al detective los datos "del domicilio y del vehículo" del investigado, que fue vigilado durante 17 días en febrero de 2008. Ese mando, asegura, conocía al detective "de la Universidad". El informe definitivo, de 14 folios y 54 fotografías, se lo entregó después al abogado. No existió una orden previa de un instructor para realizarlo.
El agente denunciante, que tras dos años de baja pudo reincorporarse a sus funciones, considera que el seguimiento del que fue objeto fue una represalia por haber denunciado en 2007, entre otros agentes y a uno de los oficiales imputados por omisión de perseguir el delito cuando se recibió un aviso por atraco en una gasolinera sin que trasladara la llamada a la Guardia Civil. Delito del que ahora está acusado.
Una plantilla inmersa en la polémica desde el estallido del "caso de las torturas".
Buena parte de los mandos de la Policía Local están envueltos en la polémica desde mediados de la pasada década al ser acusados de torturas a un detenido en un procedimiento que sigue abierto tras el arresto de once agentes, de los que finalmente hay ocho acusados con peticiones de penas por parte del Ministerio Fiscal que van de uno a ocho años.
Entre ellos el intendente, dos inspectores y un oficial. Las relaciones entre mandos y la Guardia Civil se tensaron especialmente desde aquel momento porque fue la Benemérita, en agosto de 2006, la que llevó a cabo las diligencias de investigación y los interrogatorios a los agentes, en una situación que se ha pacificado en los últimos tiempos.
También ha sido una constante desde hace años la "pelea" entre los representantes sindicales de los policías y esos mandos, lo que ha derivado en la puesta en marcha de numerosos expedientes disciplinarios, algunos todavía en marcha y otros archivados. Los sindicatos han cuestionado en este sentido que los políticos hayan dado vía libre a esos informes, mientras que con los mandos, cuatro de ellos imputados por partida doble, no se les haya aplicado la misma medida por sus actuaciones.
Publicado en: Información.es
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