Tras la imputación de dos delitos a la concejal, Blanca Pérez, el alcalde lagunero, Fernando Clavijo, se limita a decir que fue un "error importante".
La concejal de Bienestar Social, Blanca Pérez, puso ayer su cargo a disposición del alcalde, Fernando Clavijo, y pidió disculpas públicamente tras ser localizada la noche del pasado miércoles por la Policía Local cuando circulaba en sentido contrario y supuestamente bajo los efectos del alcohol en la avenida de Los Menceyes, y ser imputada de dos delitos contra la seguridad vial.
En un escueto comunicado enviado a los medios, Pérez expresó:
“Pido disculpas públicamente tanto por lo acontecido como por los perjuicios que se pudieran derivar de ello”.
“He puesto mi cargo a disposición del alcalde para que tome al respecto las medidas que considere oportunas”.
Además dejó claro que no eludirá ninguna de las responsabilidades derivadas de tales hechos, por los que tendré que responder, además, como cualquier ciudadano, ante la Justicia.
Consultado sobre estos hechos el alcalde, Fernando Clavijo, mostró su rechazo al asegurar que la concejal y presidenta del comité local de Coalición Canaria cometió un "error importante".
No obstante, evitó adelantar el precio político que tendrá que pagar Pérez por los dos delitos contra la seguridad vial por los que será juzgada el próximo martes.
Clavijo se limitó a decir que va a "meditar bastante" su continuidad en el gobierno local.
El alcalde afirmó que Pérez será juzgada "como cualquier hijo de vecino", pero subrayó que los hechos son "muy recientes" y que no se puede tomar una decisión "a la ligera", porque según dijo los hechos afectan "a su vida privada".
Los hechos.
Blanca Pérez fue sorprendida el pasado miércoles a las 23:00 horas cuando circulaba en dirección contraria y con síntomas de estar bajo los efectos del alcohol, después de que dos conductores tuvieran que desviarse para no colisionar con su coche, según el parte policial.
Según consta también en el atestado, dejó el vehículo sobre la acera e intentó darse a la fuga.
La responsable de Asuntos Sociales y Calidad de Vida triplicaba la tasa de alcohol permitida. Dio 0,81 miligramos de alcohol por litro de aire expirado primero y 0,77 en un segundo control de alcoholemia en el mismo lugar de los hechos.
Con la nueva Ley de Seguridad Vial, este nivel es considerado un delito penal. Tendrá un juicio rápido el martes en el juzgado de instrucción nº 1, que dirige el magistrado César Romero Pamparacuatro.
La normativa de tráfico fija para quienes sean detenidos conduciendo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, con tasas de alcohol en aire expirado superiores a 0,60 miligramos, penas de tres a seis meses de cárcel, o bien como alternativa a criterio del juez una multa de seis a 12 meses y entre 30 y 90 días de trabajos sociales a favor de la comunidad, que la concejal de Bienestar Social podría realizar en La Laguna.
Además, en todos los casos por alcoholemia de esta gravedad se contempla la retirada el permiso de conducir entre uno y cuatro años y la obligación de hacer un curso de sensibilización vial para recuperarlo.
La Policía Local ha solicitado las imágenes de las cámaras del tranvía a la hora y en el lugar en el que ocurrieron los hechos para incluirlas en el expediente que será presentado al juez.
Publicado en: La Opinion, El Dia
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