SPPME - Denuncia al Alcalde de Castilleja por haber anulado multas a allegados

 

Un juzgado de Sevilla ha iniciado diligencias previas tras la denuncia presentada por la sección andaluza del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme-A) contra el alcalde de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), Manuel Benítez (PSOE), por presunta prevaricación.

 

El Juez aprecia una posible infracción penal cuando el edil estima en múltiples ocasiones las alegaciones presentadas por vecinos de la localidad sancionados en materia de tráfico sin justificación legal alguna.

Además y según el sindicato, “siempre” eran personas conocidas de la localidad y “cercanas” al alcalde.

Fuentes del caso han precisado que se ha iniciado una ronda de declaraciones a raíz de propuestas testificales aportadas en la demanda por el sindicato, que dirige su denuncia contra el primer edil y las personas que pudieran resultar responsables, relatando cómo de estos hechos se tuvo conocimiento el pasado 7 de abril.

“Varios Agentes encontraron un sobre cerrado sin destinatario ni remitente alguno en una de las mesas de las dependencias policiales”.

Al proceder a la apertura del sobre, los agentes observaron que en su interior había numerosa documentación sobre infracciones o denuncias de tráfico, viendo cómo la gran mayoría de los expedientes, “en el recurso de reposición y sin justificación o amparo legal alguno”, eran estimados por Benítez, que firma en persona los documentos.

La denuncia reza que dichos expedientes “se presentaban incluso con anotaciones, pudiendo apreciar que los beneficiarios de las denuncias recurridas, y posteriormente estimadas, siempre eran personas conocidas de la localidad, cercanas al alcalde”, según el sindicato, que añade que el agente denunciante se ratifica, sin que el alegante “aporte un fundamento o causa legal que le exima jurídicamente del cumplimiento de la ley, y que pudiera servir para basarse jurídicamente en la estimación de las alegaciones y el archivo del expediente”.

Alegaciones sin base legal, autorizadas por el edil para la anulación del expediente.

Así, en algunos de estos pliegos de descargo, los sancionados esgrimen argumentos tales como:

“Trabajando en el Ayuntamiento para la realización de la Cabalgata de Reyes Magos, salí de la nave para comprar materiales para la confección de la misma [...] Al salir del aparcamiento, realizadas las compras y en dirección a la nave de la Cabalgata, no tuve tiempo de terminar de abrocharme correctamente el cinturón cuando fui abordado por el agente”.

Otro, por ejemplo, establece que:

“Estacioné encima de la acera ya que me encontraba frente a una urbanización en construcción con entrada y salida de camiones, evitando de esta forma el entorpecimiento de la salida y entrada de estos mismos”

Mientras, son varios los expedientes que hacen referencia a las dificultades para “recoger” o “transportar” a una supuesta persona anciana o impedida.

El Sppme, en su denuncia, también incide en que se observan varios expedientes con similares alegaciones, pero que “por ser de fuera de la localidad o, en un caso concreto, tratarse del marido de la presidenta del partido de la oposición en la localidad, éstos son desestimados, pudiendo apreciarse la arbitrariedad con las que se dictan los recursos administrativos, los cuales son favorables a sus allegados, conocidos o vecinos afines y desfavorables para el resto”.

Concluye el sindicato que ante la falta de información existente en la materia por parte de los responsables municipales se interpone denuncia por estos hechos, dadas “las numerosísimas irregularidades que se extraen de los mismos, así como los miles de euros que el Ayuntamiento viene dejando de ingresar en razón a tales hechos”.

 

Fuente: Diario de Avisos