jueves, 25 de octubre de 2012

El Rosario - La jueza acusa a Benítez y a 5 ediles de posible prevaricación.

 

Lejos del sobreseimiento solicitado por la Fiscalía respecto a 4 ediles, a excepción del alcalde, la concejal de Urbanismo y la secretaria municipal, la jueza del caso, en un auto del pasado 10 de septiembre, retoma las tesis de IR-Verdes y pasa de imputados a acusados a todos los ediles investigados, abriendo el juicio oral.

El caso Varadero, que ha llenado de titulares y letra pequeña múltiples páginas periodísticas desde 2002, dio el pasado 10 de septiembre un vuelco que, lejos de quitar hierro a las sospechas, refuerza las tesis de la acusación particular, emprendida por el principal grupo de la oposición en El Rosario (IR-Verdes).

La nueva jueza del caso, Carolina Déniz de León, magistrada del juzgado número 3 de Santa Cruz, decidió ese día pasar de imputados a acusados al alcalde, Macario Benítez, a la concejal de Urbanismo, Ana Lupe Mora, a la secretaria municipal, María Anita Alonso Martínez, y a otros cuatro ediles del PSOE por un supuesto delito de prevaricación en este frustrado intento de ejecutar una nueva urbanización en parte del litoral de la localidad, suelo protegido, entre otras normas, por el PIOT.

Con su decisión, la magistrada va más allá, incluso, de la Fiscalía Provincial, que, en una petición de mayo pasado conocida recientemente por las partes, solicitaba el sobreseimiento de la causa respecto a esos cuatro ediles.

De esta forma, 4 de los 11 concejales socialistas que, en 2002, aprobaron el plan parcial (Laurentino Quintana Estévez, María Elba Delgado Martín, Abel Acosta Armas y Andrés Hernández García) pasan de la posible exoneración a ser acusados formal y presuntamente, aunque ya por la juez, del citado delito.

Además, la magistrada determina que será el juzgado de lo penal que corresponda por turno el encargado de asumir el juicio oral que, también en línea con la acusación particular, se había solicitado y que ahora se abre.

Contra este auto no cabe recurso, salvo en las "situaciones personales" de cada acusado, que tuvieron un plazo de tres días para presentar recurso de reforma, sin que haya trascendido hasta ahora si se han presentado o no. Además, se les otorgó el mismo periodo para que presentasen con su abogado y procurador que les represente para, en unos diez días, poder presentar el escrito de defensa que consideren oportuno.

Tesis de la Fiscalía.

La Fiscalía había firmado el pasado 14 de mayo un escrito por el que ratificaba su acusación de presunta prevaricación y solicitaba una inhabilitación de ocho años para cargo público contra el alcalde; la primera teniente de alcalde, concejal de Urbanismo y actual consejera de Medio Ambiente en el Cabildo, Ana Lupe Mora, y la secretaria municipal.

El órgano estatal exoneraba de toda culpa, aunque temporalmente, al resto de miembros del gobierno local "por no resultar de la investigación criminal indicios suficientes de su participación en los hechos, al constar como única intervención de los mismos durante la tramitación del procedimiento administrativo que culminó con la aprobación del Plan Parcial El Varadero en el pleno del 29 de junio de 2004, en la comisión informativa de un día antes y en otra del 18 de diciembre de 2002, celebrada al margen del procedimiento del plan parcial".

Para el fiscal, estos concejales solo pudieron obrar en consonancia con la información que les facilitaban los tres acusados y por "los informes jurídicos favorables que acompañaban el expediente, sin conocimiento exacto de las diversas vicisitudes por las que atravesó este último, ni de cuál era el alcance de la normativa de aplicación". En cambio, la Fiscalía considera que el alcalde, Mora y la secretaria sí eran conscientes de las presuntas irregularidades.

Sin embargo, la jueza deriva ahora esos argumentos y no solo recupera la imputación a todos, sino que lo hace ya como acusados y, en virtud de la petición del grupo de la oposición del Ayuntamiento de El Rosario IR-Verdes, que preside Escolástico Gil, decide abrir el juicio oral.

El gobierno municipal de gobierno, por su parte, continúa pendiente de la resolución del recurso que ha presentado ante la Audiencia Provincial. Sin embargo, el paso dado por la juez refuerza la lectura de algunas partes en el sentido de que dicho recurso no ha sido atendido y ha permitido abrir el juicio.

Acto judicial del año 2011.

La decisión de la magistrada sigue la línea del auto judicial de julio de 2011, en el que la anterior juez censura lo hecho por Benítez en este caso, a los cinco ediles y a la secretaria. La juez Cristina Guerra Pérez los mantuvo como imputados al vislumbrar claros indicios de prevaricación, si bien acordó el sobreseimiento provisional de la causa a otros seis representantes del PSOE.

La magistrada sostuvo que los imputados, puestos de común acuerdo y a sabiendas de la ilegalidad, realizaron actuaciones irregulares para aprobar un plan por silencio positivo con conocimiento pleno de su ilegalidad y de los evidentes impedimentos que habrían impedido su aprobación si se hubiera tramitado según la ley.

La jueza señaló también que se aprobó el proyecto conociendo sus consecuencias y censura a la secretaria por "informar de forma favorable" el 25 de junio de 2002 realizando "una, cuando menos, sorprendente interpretación de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio, reconociendo la necesidad de suspensión de los planes parciales y admitiendo que el plan tenía por objeto la ordenación de un suelo de uso residencial turístico.

 

Publicado en: El Dia

 

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